Como una norma ineficiente e inaplicable que marca un claro retroceso en la discusión legislativa en lo referente al maltrato animal y a lograr el cambio de estatus jurídico de los animales en Chile calificó la Coalición por el Control Ético de la Fauna Urbana (CEFU), el nuevo Proyecto de Ley sobre Protección Animal, aprobado en general por el senado el 20 de mayo pasado y cuyas indicaciones se discutirán el 2 de junio en sesión ordinaria.
La nueva moción que funde La Ley Marco y la que penaliza el maltrato fue presentada por la Comisión de Medioambiente del Senado, presidida por el senador Pablo Longueira, y es producto de un acuerdo con el Ejecutivo que busca evacuar una ley que lleva más de una década esperando ser aprobada.
“Esta normativa lejos de resguardar y proteger a los animales nuevamente los sitúa en una posición de indefensión jurídica, toda vez que priva a las organizaciones de protección animal del derecho de querellarse en caso de maltrato e impide que personas naturales o ciudadanos comunes puedan perseguir la responsabilidad penal de delitos como zoofilia, abandono, anorexia forzada y tiraduras de caballo, entre otros”, explicó la directora Ejecutiva de CEFU, Alejandra Cassino.
Agregó que “si bien se puede entender el acuerdo con el Ejecutivo para acelerar la tramitación, no es posible justificar ni comprender el que se intente aprobar una Ley que será de difícil aplicación, que es un retroceso, que sigue mermando el fin de las organizaciones sociales y que no cumple su objetivo supuesto: la protección de los animales”.
Como dirigenta de CEFU, Cassino llamó a la ciudadanía y las organizaciones de protección animal a exigir a senadores y diputados que incluyan en el proyecto la legitimación activa de las organizaciones (derecho a querellarse); la sanción expresa del abandono y del maltrato por omisión; la inclusión del rescate de animales en los programas de emergencia de ONEMI; y, la obligatoriedad de denuncia por parte de los profesionales del área.
Debido a los vacíos que presentaba la ley, CEFU, durante el tercer trámite constitucional del proyecto anterior, presentó sus observaciones y texto legal tentativo y propuso la conformación de una comisión mixta para discutir y mejorar aspectos fundamentales de la misma, tales como la sanción del abandono, la imposibilidad de aplicar el principio de oportunidad por los Fiscales a través de un aumento de la pena al delito, y el derecho de toda persona para interponer querella por actos de maltrato o crueldad con animales, entre otras.
“Los senadores determinaron que el mejor camino era mejorar la lógica de tramitación y fundir los proyectos, generando una nueva propuesta. Sin embargo, esto concluyó en la creación de una ‘criatura’ legal cuyo nombre debiera ser Ley de ‘desprotección animal’, que además presenta incongruencias y en algunos párrafos camina al filo de lo inconstitucional”, advirtió el abogado Pablo Peñaloza, director del Área Legal de CEFU.
María Celeste Jiménez, abogada penalista de CEFU, advirtió que, en la práctica, la norma propuesta en esta nueva moción parlamentaria será en muchos aspectos ineficaz en su aplicación por el Ministerio Público y los Juzgados de Policía Local (JPL).- “Si este proyecto entrara en vigencia tal y como está sería lamentable, pues es una ley en la que no se observa un aporte jurídico hacia la sanción real del maltrato animal, no mejora la situación de los animales frente al derecho en nuestro país, sino que deja al margen algunas conductas en lo que se refiere al uso de ellos en deportes. Además, no aumenta efectivamente la sanción, manteniendo su mínimo, que aun podría ser de multa, permaneciendo la posibilidad de que el Ministerio Publico aplique ‘principio de oportunidad’ a la causa, mermando la persecución penal”, sentenció.
Incongruencias y falencias
Para el abogado Pablo Peñaloza el texto bordea la inconstitucionalidad al privar a los organismos intermedios, en este caso las ONG y agrupaciones de protección animal, de sus fines específicos al no permitirles querellarse en caso de maltrato. “Esta posibilidad estaba contenida en el proyecto anterior. Por lo tanto no entendemos la lógica que se siguió al fusionar los proyectos que dieron origen a la nueva moción parlamentaria”, manifestó.
Agregó que al exceptuar de la aplicación de la norma a los deportes en los que “participan” animales, se establece “una especie de cierre perimetral para estos deportes, un territorio donde el reglamento de un club o una federación tiene más fuerza que una ley. Esto se traduce en una excepción que impide la persecución de un ilícito, en la eventualidad de que este se cometiera, pese a lo que indica el Código Penal”, afirmó.
En un análisis respecto de la aplicación de la ley, la abogada María Celeste Jiménez, fue clara al manifestar que la norma presenta serías deficiencias e incongruencias que la harían inaplicable.
“Entregar una serie de disposiciones y funciones al Juzgado de Policía Local, que no es quien finalmente investiga, conoce y sanciona un delito un maltrato animal, parece una grave incongruencia, ya que podría incluso llegar a ordenar el sacrificio de un animal o su retiro y entrega a un tercero no determinado, afectando garantías constitucionales sin el objetivo de persecución criminal”, precisó la penalista.
Otro ejemplo que señala la abogada Jiménez es el aumento de la pena y la multa aplicada a quienes cometen maltrato animal. En el nuevo proyecto se eleva a presidio menor en su grado medio (de 61 días a 3 años), o una multa de entre 2 y 30 UTM. “En la práctica esto se traducirá en la posible aplicación de la multa en su mínimo y difícilmente veremos procesos que terminen con pena de cárcel pues la lógica procesal sugiere la aplicación de la pena mínima a quienes no tienen antecedentes penales”, aseguró.
En este sentido, la propuesta legislativa que en su oportunidad presentó CEFU, contemplaba un aumento de la pena desde los 541 días de cárcel para los infractores sin posibilidad de aplicar solo multa. Precisó que hoy ,”ante esta nueva moción solicitamos la sanción penal de la conducta de abandono, que tanto daño causa a los animales y a la sociedad toda en Chile; y la penalización expresa de la omisión como conducta de maltrato animal, sin dejar su valoración a criterio del Fiscal o el Juez”.
Educación
Una de las falencias que ha tenido en su historia la tramitación del proyecto es la falta de difusión que este ha tenido. Por este motivo la Coalición CEFU, está desarrollando con sus bases un ciclo de charlas informativas. La primera se desarrolló hoy en Concepción. En junio tendrán lugar en las regiones IV, VII, X y Metropolitana.
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